El Poder Judicial adquirió, por medio de procedimientos de compra públicos y abiertos, dos inmuebles en la ciudad de Maldonado logrando así reducir la costosa matriz de arrendamientos que mantenía en ese Departamento. Con una inversión promedio de 51.508 pesos por metro cuadrado (USD 1.275 por metro cuadrado al momento de la oferta), muy por debajo del promedio del mercado inmobiliario departamental e incluso nacional, y con la correspondiente intervención del Tribunal de Cuentas de la República, el Poder Judicial compró la espaciosa unidad 001 de la esquina de Román Guerra y Arturo Santana (lugar donde hace algunos años funcionaron los juzgados penales) y la unidad 002 del mismo padrón, ubicando allí respectivamente a los Juzgados Letrados de 1º, 3º y 8º Turnos (Familia), y a la Oficina Central de Notificaciones y archivos.
Estas sedes se encuentran funcionando en sus nuevas ubicaciones desde el pasado mes de abril con nuevo y moderno mobiliario, climatización, redes de datos y eléctrica certificadas, luminarias led y habiendo ejecutado obras para mayor accesibilidad (rampa, barandas, modificaciones de puertas, baño accesible, reubicación de columnas de alumbrado público, etc) y donde además se prevé la incorporación de un elevador.
También se realizaron procedimientos públicos y abiertos para el arriendo de otros dos inmuebles a los efectos de dar asiento a las sedes Civiles y Laborales. Como resultado se alquilaron oficinas en el Edificio Arcos del Vigía, ubicado en la calle Zelmar Michellini, entre 25 de Mayo y Rafael Pérez del Puerto (donde otrora funcionó la Defensoría Pública), instalándose allí los Juzgados Letrados de 7º y 9º Turnos (Laboral), y se alquiló también el amplio inmueble de la calle 25 de Mayo nº723, donde ya están funcionando los Juzgados Letrados de 5º y 6º Turnos (Civil) junto con el archivo de protocolos, y donde también se le ha cedido en comodato un espacio de oficina al Colegio de Abogados de Maldonado.
Mediante la compra y alquiler de estos inmuebles, el Poder Judicial dejó de alquilar el edificio San Lázaro, ubicado en Sarandí casi Ledesma, luego de 21 años de uso de dicho inmueble y dando cumplimiento al último de los contratos de arrendamiento con plazo de 8 años. Dicho arrendamiento, que en el último ejercicio ascendía a 1.128.919 pesos mensuales (USD 28.947 mensuales) era el más elevado de todo el país, y en un inmueble con importantes problemas edilicios que, entre otros, obligó en 2019 a que la SCJ declarara tres días inhábiles luego de la intervención de Bomberos y de UTE por importantes filtraciones de agua en varios sectores, debido a la rotura del tanque de abastecimiento ubicado en la azotea del edificio; sumado a otros problemas de mantenimiento cuyo tratamiento requirió incluso acudir a la órbita judicial.
Con esta reorganización de sedes de la ciudad de Maldonado, en el marco del plan de optimización de la matriz de arrendamientos que lleva adelante la Corporación a nivel nacional, se consolida una importante incorporación de inmuebles en propiedad, con una optimización del gasto que permite amortizar las inversiones realizadas en un plazo récord de 3 años y medio, en virtud del abatimiento de 859.419 pesos mensuales en alquileres. Asimismo es importante destacar que los valores por metro cuadrado de los nuevos alquileres que se han celebrado para asiento de las sedes Civiles y Laborales de Maldonado, son en promedio un 50% inferiores a los valores que se venían pagando en el departamento.
No obstante estas importantes mejoras, no solo a nivel de la eficiencia del gasto sino principalmente en cuanto a la calidad de las instalaciones y por ende del servicio prestado a la ciudadanía, la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo ha venido haciendo, continuará solicitando en las próximas instancias presupuestales los créditos necesarios para continuar con la construcción de las siguientes etapas del Centro de Justicia de Maldonado, a los efectos de contar con la infraestructura edilicia oportunamente planificada y diseñada para las necesidades de dicho Departamento.
