Acusados de cometer 17 delitos de lesa humanidad. Ambos ya se encuentran privados de libertad
La Justicia procesó con 25 años de prisión a los exmilitares Jorge Silveira Quesada y Ernesto Avelino Ramas, acusados de cometer 17 delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985), según una sentencia a la que accedió Efe este jueves.
Los exmilitares fueron condenados por siete delitos de privación de libertad, cinco de abuso de autoridad contra detenidos, cuatro de lesiones graves y uno de desaparición forzada.
Silveira y Ramas, quienes integran la nómina de exmilitares condenados por Italia en el juicio por el Plan Cóndor, entre otras sentencias por crímenes de lesa humanidad, ya se encuentran privados de libertad en una cárcel especial para alojar a militares y policías represores y en prisión domiciliaria, respectivamente.
El delito de desaparición forzada por el que los represores fueron condenados es la del integrante del Partido Comunista y militante sindical Óscar Tassino, de quien se desconoce su paradero desde el 19 de julio de 1977.
Javier, hermano de Óscar, que también fue detenido en 1977, es hoy uno de los rostros visibles de la organización «Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos».
En el documento judicial se detallan las torturas, golpizas y abusos a los que fueron sometidas las víctimas y se transcriben los testimonios de las personas que todavía están vivas.
Según detalla la sentencia, Graciela Salomón, también detenida durante la dictadura uruguaya, relató que durante su período retenida escuchó y reconoció la voz de Óscar Tassino al decir «Quiero liquidarlos a todos».
Salomón afirmó que tras oír esa oración escuchó «muchos golpes y después un golpe seco, duro como de una cabeza contra una pileta» ante lo que consultó qué había pasado.
La respuesta que obtuvo, según la declaración, fue: «si vos no decís nada te va a pasar lo que le pasó a ese, que aunque quiera ya no puede hablar más».
Esta sentencia, fechada el 20 de septiembre, alude también a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2021, dictaminó que el Estado uruguayo fue responsable de la desaparición de Óscar Tassino al haber estado «omiso en las investigaciones» sobre el caso.
