«Una solución mágica sin sustento empírico», sostienen
El Frente Amplio emitió una resolución en la que se posiciona en contra del plebiscito que propone habilitar los allanamientos nocturnos en los hogares, el cual será sometido a consideración de la ciudadanía el próximo 27 de octubre. La coalición de izquierda cuestiona la iniciativa, señalando que su origen responde a motivaciones electorales más que a un análisis profundo y fundamentado sobre la seguridad pública en Uruguay.
Según la resolución, los allanamientos nocturnos ya están regulados para ciertos casos específicos, como la violencia doméstica, desde los gobiernos anteriores del Frente Amplio. La nueva propuesta, sin embargo, se presenta como una «bala de plata» para combatir el narcotráfico, una afirmación que el Frente Amplio califica como engañosa y demagógica, careciendo de sustento empírico y con el potencial de desproteger a los hogares uruguayos sin una regulación adecuada.
El Frente Amplio critica el enfoque del gobierno actual, acusándolo de utilizar este plebiscito como una maniobra electoral ante el fracaso en su política de seguridad, marcada por una creciente ola de homicidios y un rechazo público cada vez mayor. La coalición subraya que la propuesta, tal como está planteada, intenta crear una ilusión de solución a los problemas de seguridad, similar a lo que ocurrió con la Ley de Urgente Consideración (LUC).
A pesar de su oposición al plebiscito, el Frente Amplio reconoce que los allanamientos nocturnos podrían ser utilizados de manera «dosificada y profesional» en la persecución de ciertos delitos graves, como la explotación sexual de menores, la trata de personas, el secuestro, el narcotráfico, el lavado de activos, y el tráfico de armas. No obstante, considera que el debate debe centrarse en tres aspectos fundamentales: la pertinencia de habilitar allanamientos nocturnos para estos delitos, los requisitos procedimentales necesarios, y la priorización de casos dentro de la política de seguridad del Estado.
Finalmente, el Frente Amplio concluye que la propuesta de reforma constitucional, tal como se presenta, no es el camino adecuado para abordar los graves problemas de seguridad que enfrenta Uruguay, y, por lo tanto, no la acompaña. La coalición hace un llamado a promover un debate honesto, informado y responsable sobre la seguridad en el país.
