Sistema penal uruguayo: balance a Diciembre 2022.
El presente informe busca actualizar el análisis sobre el funcionamiento del Código del Proceso Penal a cinco años de su puesta en funcionamiento. Específicamente se analiza el período que va desde noviembre de 2017 a diciembre de 2022. Sin embargo, para dar perspectiva a este análisis, se establecen comparaciones con años anteriores, cuando estaba vigente el sistema procesal inquisitivo.
Las principales dimensiones abordadas son: el sistema de priorización de denuncias, la eficacia en la persecución penal de los delitos, la eficiencia medida en términos de duración de los procesos penales y su impacto en el sistema carcelario.
El informe está construido en base a información generada por la Fiscalía General de la Nación (FGN) a partir de datos del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU), del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Alcance y objetivos.
El presente informe busca actualizar el análisis sobre el funcionamiento del Código del Proceso Penal a cinco años de su puesta en funcionamiento. Específicamente se analiza el período que va desde noviembre de 2017 a diciembre de 2022. Sin embargo, para dar perspectiva a este análisis, se establecen comparaciones con años anteriores, cuando estaba vigente el sistema procesal inquisitivo.
Las principales dimensiones abordadas son: el sistema de priorización de denuncias, la eficacia en la persecución penal de los delitos, la eficiencia medida en términos de duración de los procesos penales y su impacto en el sistema carcelario.
El informe está construido en base a información generada por la Fiscalía General de la Nación (FGN) a partir de datos del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU), del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Introducción.
Como hemos mencionado en informes anteriores, la implantación del nuevo proceso acusatorio, adversarial, oral y público fue sin dudas un cambio muy relevante en el sistema penal uruguayo.
A su vez, a la interna del funcionamiento de la Fiscalía, se concretaron cambios organizacionales y de gestión profundos que vale la pena destacar. En este sentido, la informatización, innovaciones organizacionales y mejoras en la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación (FGN) permitieron contar con un sistema de justicia más eficaz, ágil y transparente.
A partir de noviembre de 2017, con el actual Código del Proceso Penal, todas las denuncias de delitos registradas por cualquier autoridad son comunicadas inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación (FGN). Por lo tanto, en virtud de esa disposición y de la interoperabilidad entre dicho sistema informático y el de FGN (SIPPAU), todas las denuncias registradas por cualquier organismo se comunican en forma automática y completa, en formato digital incluyendo archivos multimedia asociados, a la Fiscalía.
A su vez, se ha logrado analizar un volumen mucho mayor de denuncias que las que se analizaban antes de la puesta en funcionamiento del CPP. Además, ese análisis es cualitativamente superior, por ser realizado por abogados, fiscales así como otros profesionales, que toman decisiones de priorización basados en información completa y criterios uniformes, objetivos y transparentes.
Esas decisiones quedan registradas informáticamente identificando al usuario que las adoptó y son por tanto fácilmente auditables y revisables. En este sentido, el proceso de trabajo actual da mayores garantías tanto a los justiciables, las víctimas, como a los equipos policiales y fiscales involucrados.
Antes de noviembre de 2017, la política de priorización podía resumirse de la siguiente manera.
Casi todas las denuncias de presuntos delitos se registraban en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior.
No obstante, no existía interoperabilidad informática entre el Ministerio y los juzgados. En consecuencia, los responsables de cada seccional o unidades de otros organismos con funciones policiales (ej. Prefectura Nacional Naval) analizaban diariamente las denuncias que se presentaban en su unidad y según sus criterios seleccionaban algunas para comunicarlas al Juzgado competente. Esa comunicación podía consistir en el envío del parte policial impreso o en un simple resumen sucinto de la situación realizado por vía telefónica.
Actualmente, de acuerdo con los procesos definidos por la FGN, cada denuncia tiene desde su creación una fiscalía pre-asignada en base a criterios previamente determinados: según el lugar y fecha en que ocurran los hechos y, en Montevideo y Maldonado, del tipo de delito del que se trate, teniendo en cuenta que en dichos departamentos hay fiscalías especializadas (Montevideo) y semi-especializadas (Maldonado). Esa fiscalía pre-asignada es conocida por los funcionarios policiales y de FGN en función de las planillas de turnos que se publican en la web y distribuyen
oportunamente. En situaciones de flagrancia o urgencia, la policía se comunica inmediatamente con la fiscalía que el régimen de turno determina o con la fiscalía que el régimen de pre-asignación dispone. Un número menor eran recibidas directamente en sedes del Poder Judicial y algunas en sedes de la Prefectura Nacional Naval. Todos estos registros se mantenían en soporte papel.
Por lo que, las denuncias ingresan desde el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior a la bandeja de trabajo de una unidad fiscal por dos vías:
– Auto-asignación. Cada equipo fiscal puede auto-asignarse cualquier denuncia que tenga pre-asignada, a iniciativa propia o sugerencia de la policía. (Resolución 245/2018, complementarias y modificativas).
– Asignación por parte del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía siguiendo los criterios definidos en las respectivas Instrucciones Generales y resoluciones del Fiscal de Corte.
Priorización de denuncias.
Todo sistema penal, sin importar cómo esté estructurado, tiene como primer desafío analizar las denuncias recibidas, desestimar aquellas que no constituyen delito y seleccionar las que deben ser investigadas con mayor celeridad. En ningún país del mundo se investiga la totalidad de las denuncias que se registran, por varios motivos. En primer lugar, porque frecuentemente se denuncian situaciones que no constituyen delito. En segundo lugar, porque aun cuando se trate de conductas delictivas, muchas denuncias no incluyen elementos mínimos de información para comenzar la investigación. Y, en tercer lugar, porque generalmente no existen suficientes recursos policiales, fiscales y judiciales como para investigar todas las denuncias que constituyen delitos y tienen al menos alguna información que permita iniciar la investigación.
En vista de ello, la Fiscalía definió por escrito criterios objetivos que el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) aplica para todo el país, clasificando las denuncias según su gravedad y prioridad. Los mismos fueron aprobados por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la FGN mediante la Instrucción General. A su vez, paulatinamente se está incorporando análisis de las denuncias en base índices de priorización, los que se
desarrollan a partir de datos estructurados en las bases de datos del SIPPAU. Estos índices permiten ordenar las denuncias para el posterior análisis del equipo de abogados y fiscales de la DPA. Gracias a estos nuevos procesos de gestión, el volumen de denuncias que se analizan y a las que se da una primera respuesta formal aumentó significativamente en relación a años anteriores.
Al respecto, el gráfico N°1 muestra la evolución de las denuncias de delitos registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Como se observa, hasta principios del año 2020 se registraban un promedio mensual del entorno de las 26.140. Sin embargo, a partir de abril de dicho año se registra una disminución de la cantidad de denuncias registradas. Dicha disminución tuvo en su primer momento como una de sus posibles causas la emergencia sanitaria. Sin embargo, más allá de algún aumento puntual, se verifica que la cantidad de denuncias registradas en el SGSP nunca volvió a niveles pre-pandemia ubicándose en el entorno de las 24.000 denuncias mensuales. Por lo que se registran en el entorno de las 2.000 denuncias menos todos los meses que las registradas en el período pre-pandemia.
