Informe sobre la Trata de Personas 2024: Uruguay
URUGUAY (Lista de vigilancia de nivel 2)
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo. Estas medidas incluyeron investigar a más presuntos tratantes, aprobar el plan de acción nacional 2022-2024 para guiar el trabajo de lucha contra la trata a nivel nacional, aumentar los fondos para servicios a víctimas y crear tres nuevas fiscalías de delitos sexuales designadas para ocuparse de delitos de trata (las primeras unidades de este tipo que operan fuera de Montevideo). Cabe destacar que la justicia condenó a más del doble de tratantes que en 2022. Sin embargo, el gobierno en general no demostró haber hecho mayores esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. El gobierno no informó haber tomado medidas para identificar víctimas de manera proactiva, identificó a menos víctimas de trata y se reportó la identificación de solo un hombre adulto víctima de trata. El gobierno puso fin en noviembre de 2023 a un acuerdo de cooperación con una organización no gubernamental (ONG) que gestionaba sus centros de apoyo a mujeres adultas víctimas de trata, lo que posiblemente dificulte el acceso a la atención. Las autoridades no contaron con un procedimiento operativo estándar integral para identificar y derivar a víctimas que incluyera lineamientos adecuados sobre cómo asistir a víctimas hombres y víctimas de trata con fines de explotación laboral. El gobierno no asignó los recursos adecuados para luchar contra la trata con fines de explotación laboral, que incluye posibles delitos de trata vinculados a buques pesqueros de bandera extranjera en aguas uruguayas o atracados en el Puerto de Montevideo. Es por esto que Uruguay bajó a la clasificación “Lista de vigilancia de nivel 2”.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:
- Equipar a los centros de servicio especializados para mujeres adultas víctimas de trata con personal calificado.
- Brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas hombres y a aquellas que se encuentran fuera de la capital.
- Asegurarse de que los procedimientos operativos estándar para identificación y derivación de víctimas incluyan a hombres víctimas de trata y dar apoyo al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para que genere procedimientos internos para prestar servicios a hombres víctimas de trata.
- Buscar indicadores de trata de personas entre trabajadores extranjeros, incluso mediante inspecciones exhaustivas a bordo de buques pesqueros de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto.
- Continuar capacitando a funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para comprender mejor la trata de personas y utilizar el mecanismo interinstitucional para identificar y derivar a las víctimas.
- Poner en funcionamiento una base de datos centralizada para sistematizar el registro de estadísticas oficiales sobre casos de trata de personas e identificación de víctimas.
- Continuar usando procedimientos operativos estándar para guiar a los inspectores de trabajo para que puedan identificar y derivar a posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, incluso mediante inspecciones proactivas en busca de indicadores de trata.
- Asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata de personas y continuar aumentando los fondos asignados a servicios para las víctimas (incluidos servicios diurnos, a largo plazo y de reinserción).
- Continuar investigando con determinación y sometiendo a la justicia los delitos de trata, incluso los vinculados a buques pesqueros de bandera extranjera, así como buscar que se establezcan penas adecuadas para los tratantes condenados, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes.
- Continuar apoyando a las víctimas en el ejercicio de sus derechos legales, incluido el derecho a solicitar la residencia permanente y obtener una reparación de sus tratantes.
- Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas.
SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA
El gobierno aumentó modestamente sus esfuerzos para hacer cumplir las normas. El artículo 78 de la Ley 18.250 (2008), penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y establece penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas son lo suficientemente severas y, en lo que refiere a trata con fines de explotación sexual, son acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, la ley establece que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito. Además, el gobierno aplicó la Ley 17.815 sobre violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces y la ley 8.080 sobre el delito de proxenetismo para procesar/formalizar a personas acusadas de delitos de trata durante el período del informe. Los artículos 4 y 5 de la Ley 17.815 penalizan la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y la contribución a la explotación sexual de personas menores de edad. La ley establece penas de 2 a 12 años de penitenciaría para estos delitos. Los artículos 1 y 2 de la Ley 8.080 tipifican el delito de proxenetismo y establecen penas de 2 a 8 años de penitenciaría. Las penas se aumentaron de 4 a 8 años de reclusión si el delito involucraba a víctimas menores de 14 años de edad o si involucraba el uso de fuerza, engaño o coacción.
El gobierno informó sobre el inicio de investigaciones de trata que involucraban a 27 sospechosos en 2023, a diferencia de las 17 investigaciones de trata iniciadas entre enero y octubre de 2022 que involucraron a un número desconocido de sospechosos. La justicia formalizó a 31 presuntos tratantes en 2023 (1 por la Ley 18.250, 29 por la Ley 17.815 y 1 por la Ley 8.080), a diferencia de los 46 presuntos tratantes formalizados en 2022 (2 por la Ley 18.250, 38 por la Ley 17.815 y 5 por la Ley 8.080). La justicia condenó a 35 tratantes (4 por la Ley 18.250, 25 por la Ley 17.815 y 6 por la Ley 8.080) en 2023, lo que representó un aumento considerable en comparación con los 13 tratantes (11 por buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad y 2 por contribuir a la explotación sexual de personas menores de edad) condenados entre enero y octubre de 2022 y los 17 condenados en 2021. El gobierno no había informado sobre las sentencias para los tratantes condenados desde 2020, cuando los jueces sentenciaron a los tratantes condenados a entre 17 meses de prisión y 6 años de penitenciaría. Debido a limitaciones de su base de datos, el gobierno no informó si las investigaciones, las formalizaciones o las condenas vinculadas a las leyes contra la trata de personas refirieron a casos de trata con fines de explotación sexual o laboral. Algunos funcionarios informaron que trabajaron en menos casos de trata con fines de explotación laboral y algunos observadores expresaron su preocupación por que el conocimiento limitado sobre el delito afecte la cantidad de denuncias, la derivación de casos y la investigación del delito. El gobierno informó que inició al menos una investigación que implicaba a un funcionario de alto nivel del gobierno como presunto cómplice de delitos de trata, así como investigaciones vinculadas de funcionarios que presuntamente actuaron para evitar el avance del caso. El Gobierno no proporcionó información actualizada sobre las formalizaciones llevadas adelante en casos iniciados en 2021 que involucraban a tres funcionarios públicos por presunta complicidad en delitos de trata.
La División Crimen Organizado del Ministerio del Interior designó al Departamento de Investigación de Delitos Especiales (DIDE) como la principal entidad a cargo del trabajo policial contra la trata de personas, incluidas las investigaciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fue el que dirigió la mayoría del trabajo vinculado a la trata con fines de explotación laboral. Dicho ministerio tuvo la autoridad para castigar a tratantes con fines de explotación laboral mediante procesos administrativos y derivó a la Fiscalía General de la Nación los casos de trata con fines de explotación laboral para su sometimiento a la justicia en el ámbito penal. La Fiscalía General de la Nación ordenó a sus seis fiscalías de violencia basada en género con sede en Montevideo que priorizaran la investigación y el sometimiento a la justicia de delitos de trata con fines de explotación sexual y laboral. En las jurisdicciones que no contaron con una fiscalía especializada, los fiscales generales fueron los que llevaron adelante los casos de trata. En 2023, la Fiscalía creó tres nuevas fiscalías de delitos sexuales en Maldonado y Salto con una orden similar de priorizar los casos de trata. Estas fueron las primeras fiscalías fuera de la capital designadas para someter a la justicia delitos de trata. La Fiscalía General de la Nación recopiló información sobre casos activos, incluidos los casos de trata, en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay. Sin embargo, el gobierno no informó sobre datos clave, como las sentencias de los tratantes condenados o si las autoridades acusaron a los presuntos tratantes de delitos de trata con fines de explotación sexual o laboral. Asimismo, el intercambio de información entre organismos fue limitado y siguió siendo difícil analizar tendencias y conseguir información detallada, en particular sobre investigaciones y condenas por delitos de trata de personas fuera de la región de la capital.
El gobierno incluyó módulos específicos sobre trata en cursos estándar sobre violencia de género y ofreció un curso opcional en línea sobre trata para funcionarios policiales. Asimismo, el gobierno capacitó a funcionarios fronterizos sobre detección temprana de casos de trata. La Policía Nacional no requirió que los miembros del DIDE realizaran cursos especializados sobre trata de personas, incluso cuando los funcionarios no contaban con experiencia previa en casos de trata. Algunos observadores indicaron que el uso de procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de forma proactiva por parte de los funcionarios policiales fue variable en distintas partes del país. Algunos funcionarios informaron que trabajaron en coordinación con fiscales argentinos en un caso de trata en 2023.
PROTECCIÓN
El gobierno redujo su trabajo de protección. El gobierno informó que identificó 208 víctimas de trata (1 hombre, 38 mujeres y 169 menores) en 2023, a diferencia de las 406 víctimas de trata (60 mujeres y 346 menores) que identificó en 2022 y las 357 identificadas en 2021. Asimismo, el gobierno informó que identificó muy pocos hombres víctimas de trata, que incluyeron solo un hombre adulto. También informó que se identificaron víctimas uruguayas y extranjeras, incluidas personas de origen argentino, colombiano, cubano y nicaragüense. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no proporcionó información específica sobre la explotación sexual de menores en 2023. Por este motivo, no fue posible evaluar cuántas de las 169 víctimas menores informadas fueron víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual o de otras formas de explotación, y el INAU no llevó registros sobre trata infantil con fines de explotación laboral.
El MIDES y sus dependencias fueron los principales prestadores de servicios para víctimas de todos los delitos, incluidas las víctimas de trata. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) atendió a víctimas de trata adultas de sexo femenino y el INAU atendió a las víctimas infantiles de trata. Si bien ambas instituciones atendieron principalmente a víctimas de trata con fines de explotación sexual, en 2023, Inmujeres informó haber atendido también a cuatro mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación laboral y dos mujeres adultas víctimas de una forma de explotación no especificada. El MTSS trabajó en coordinación con las demás entidades de apoyo a víctimas del gobierno cuando sus funcionarios identificaron víctimas de trata con fines de explotación laboral. Dicho ministerio prestó servicios a víctimas de trata con fines de explotación laboral, incluso formación vocacional, se aseguró de que las víctimas tuvieran información correcta sobre la normativa laboral pertinente, y derivó a mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación laboral a Inmujeres. En 2023, el MTSS coordinó con una organización de la sociedad civil para brindar asistencia a cuatro posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, todas mujeres adultas. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía brindó asistencia adicional, por ejemplo terapia y protección física, a víctimas que colaboraron con operativos policiales y procesos judiciales durante todo el tiempo que duraran. En 2023, la Fiscalía informó haber trabajado con al menos cuatro víctimas. En 2023, Inmujeres asistió a las 38 mujeres adultas víctimas de trata, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación laboral, en comparación con las 60 mujeres adultas víctimas de trata de 2022 y las 140 de 2021. El INAU asistió a las 169 víctimas menores de edad que se identificaron durante el período del informe, así como a otros 177 menores que fueron identificados en años anteriores. El Instituto proporcionó asistencia a dichas víctimas a través de programas residenciales, unidades móviles y centros de cuidado diurno. El INAU agrupó a las víctimas de trata menores de edad con los menores víctimas de explotación sexual y no desagregó sus estadísticas demográficas, pero informó que la mayoría de las víctimas de explotación sexual que asistió en 2023 fueron adolescentes de sexo femenino. La Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES estuvo a cargo de coordinar la atención de hombres adultos víctimas de trata. Sin embargo, el MIDES no había generado procedimientos operativos estándar ni tenía personal designado para atender a las víctimas hombres. En 2023, el MIDES informó haber coordinado la asistencia para cuatro tripulantes de un buque pesquero de bandera extranjera. Si bien el MIDES no informó haber investigado si los hombres presentaban indicadores de trata, es posible que hayan sido víctimas de trabajo forzado. Algunos funcionarios mencionaron que casos similares de apoyo ad hoc a tripulantes pueden no haberse informado en años anteriores. Independientemente, la Fiscalía General de la Nación informó que prestó asistencia a un grupo de hombres que habían sido víctimas de trata con fines de explotación sexual cuando eran menores. El MIDES no informó haber prestado asistencia a ninguna víctima LGBTQI+ en 2023, a diferencia de las tres de 2022.
El gobierno tuvo una variedad de procedimientos operativos estándar para identificar, derivar y prestar asistencia a víctimas, incluida una “Guía de Acción Interinstitucional para situaciones de trata y explotación de personas en el Uruguay” que describía procedimientos para identificar y derivar víctimas de trata a los distintos servicios, aunque estos recursos no fueron integrales. Dichos recursos designaban a las agencias responsables de atender a víctimas hombres y víctimas de trata con fines de explotación laboral, pero no establecían lineamientos específicos para la identificación proactiva o la prestación de servicios a estas víctimas. El gobierno completó su plan de implementación inicial de la Guía de Acción Interinstitucional al realizar capacitaciones sobre los protocolos incluidos en la Guía para funcionarios de las regiones centro y norte. El gobierno no informó que se hubiera tomado alguna medida para identificar víctimas de trata de manera proactiva, por ejemplo, buscando víctimas en grupos vulnerables. Algunos observadores sugirieron que los funcionarios no fueron suficientemente receptivos a denuncias de posibles casos de abuso, que podían haber implicado trata de personas, a bordo de buques de bandera extranjera que operaban en aguas uruguayas.
El gobierno coordinó con la sociedad civil para prestar servicios a víctimas de trata que fueran similares a los que estaban disponibles para víctimas de otros delitos y a poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle, refugiados y ciudadanos que recibían asistencia social. Estos servicios incluyeron vivienda, formación vocacional, atención médica inmediata y asistencia psicológica. Actores de la sociedad civil informaron que los servicios financiados por el gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo (como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral) fueron insuficientes. El gobierno no contó con servicios especializados para víctimas de trata y, en la práctica, se prestaron servicios mayormente a mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Inmujeres coordinó con actores de la sociedad civil la prestación de servicios para mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación sexual en sus centros especializados en Cerro Largo, Montevideo Paysandú y Tacuarembó. Sin embargo, en noviembre de 2023, Inmujeres puso fin a un acuerdo de cooperación de 11 años con la ONG prestadora de servicios y anunció sus planes de formar su propio equipo residente para gestionar el programa de apoyo de los centros. Para el final del período de informe, el gobierno no había formado este equipo e informó que había creado un “servicio de atención de emergencia” para gestionar el programa mientras tanto. El INAU pudo prestar algunos servicios a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad en su centro en Paysandú. En 2023, el INAU informó que había puesto fin a su programa piloto para establecer un refugio nocturno para víctimas de explotación sexual (incluida la trata) menores de edad. Según algunos funcionarios, el gobierno no pudo identificar un socio adecuado en la sociedad civil para implementar el proyecto. El INAU trabajó en coordinación con la sociedad civil en su programa de apoyo a víctimas menores de edad, que consistió en tener un miembro permanente del personal en cada departamento, apoyado por un equipo móvil de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, para responder a casos que involucraron a víctimas infantiles en todo el país. Aunque el gobierno tuvo a su disposición algunas instalaciones donde se podía alojar temporalmente a las víctimas, no tuvo refugios específicos para las víctimas de trata. Algunos funcionarios del gobierno expresaron su preocupación por el riesgo que podría suponer para la seguridad de las víctimas alojarlas en un refugio específico para víctimas de trata central dado el tamaño pequeño del país. En cambio, el gobierno alojó a víctimas en hoteles y en ocasiones las derivó a refugios u hogares que atendían a otras poblaciones, como víctimas de violencia doméstica. Algunas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la idoneidad de estas instalaciones, ya que no satisfacen las necesidades de las víctimas de trata, e informaron que existieron dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas identificadas fuera de la capital. Muchos de los refugios no especializados funcionaron exclusivamente durante la noche. Observadores identificaron una necesidad de centros y programas diurnos. El gobierno no tuvo servicios especializados para atender a víctimas hombres, LGBTQI+ o de trata con fines de explotación laboral. Cuando los funcionarios identificaron a estas víctimas, el gobierno normalmente pudo coordinar el alojamiento necesario en hoteles o refugios no especializados diseñados para atender a otras poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle o que se están recuperando de adicciones.
Inmujeres proporcionó 17,14 millones de pesos (US$439.262) a sus colaboradores de ONG para financiar la prestación de servicios antes de poner fin al acuerdo, a diferencia de los 16,28 millones de pesos (US$417.222) de 2022. Asimismo, Inmujeres informó haber gastado 1,96 millones de pesos (US$50.231) en alojamientos de corto plazo (como hoteles) para mujeres víctimas, a diferencia de los 304.500 pesos (US$7.803) que gastó en 2020, el último año para el que hubo información disponible. El gobierno no informó que haya habido otras asignaciones presupuestales u otro tipo de financiación para la asistencia a las víctimas. El marco legal uruguayo requirió que los juzgados ordenaran pagos de restitución al momento de condenar a un tratante. El gobierno no informó sobre pagos de restitución ordenados por juzgados en 2023 o 2022. Independientemente, las víctimas pudieron presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes con el apoyo de defensores de oficio, pero el gobierno no informó si alguna víctima lo hizo en 2023. El marco legal dio el derecho a las víctimas extranjeras a solicitar un permiso de trabajo y la residencia permanente, y a tener 180 días para decidir si deseaban permanecer en el país, regresar a su país de origen o reasentarse en otro país. El gobierno emitió permisos de residencia a dos víctimas de trata en 2023, los primeros permisos informados desde que se aprobó la normativa que otorgaba este derecho en 2018. El gobierno ofreció varias oportunidades de capacitación sobre identificación y asistencia a víctimas a funcionarios del MIDES, Inmujeres y otros organismos, incluida una sesión informativa especializada sobre la mayor vulnerabilidad de los afro-uruguayos ante la trata de personas.
PREVENCIÓN
El gobierno mantuvo su nivel de trabajo de prevención. El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, liderado por el MIDES e integrado por representantes de agencias de alto nivel del gobierno y participantes de la sociedad civil, se reunió en dos oportunidades en 2023; su subgrupo técnico también se reunió durante el período del informe. El Consejo estuvo a cargo de la implementación de las recomendaciones recibidas de organismos internacionales y de la supervisión de la aplicación de la Ley N.° 19.643 y del plan de acción nacional de lucha contra la trata. En mayo de 2023, el Consejo aprobó formalmente su plan de acción nacional 2022-2024, en reemplazo del plan de acción nacional 2018-2020 que ya había vencido. En octubre de 2023, el Ministerio de Defensa Nacional aprobó un Protocolo de Actuación de las Fuerzas Armadas para Combatir el Tráfico, Trata y Explotación de Personas donde se detallan iniciativas para identificar situaciones de trata y apoyar investigaciones, especialmente para funcionarios fronterizos. El Consejo publicó una evaluación anual obligatoria del trabajo en temas de lucha contra la trata de personas por parte del gobierno en 2023 y apoyó un proyecto de la sociedad civil para evaluar los perfiles de las víctimas adultas de sexo femenino que fueron identificadas entre 2018 y 2022. El gobierno no asignó fondos para la lucha contra la trata de personas, y el Consejo no tuvo un presupuesto de funcionamiento. Algunos funcionarios informaron que redactaron un decreto para regularizar la situación de quienes buscan asilo en el país que podría reducir la vulnerabilidad ante la trata de la importante población de personas que buscan asilo en el país. Para el final del período del informe el decreto aún no se había publicado.
Funcionarios uruguayos participaron en capacitaciones sobre medidas contra la pesca INDNR, incluido el trabajo forzado en el sector pesquero, que fueron organizadas por un gobierno extranjero. El gobierno informó que organizó una cantidad limitada de actividades para promover la concientización sobre la trata de personas en 2023, que incluyó publicaciones en redes sociales. El gobierno siguió distribuyendo entre el público materiales informativos y de concientización preparados en períodos de informes anteriores. El gobierno no informó sobre los fondos destinados a producir y distribuir materiales de concientización, en comparación con los 46.750 pesos (US$1.198) informados en 2021, el último año para el cual hubo información disponible. El trabajo de concientización del gobierno principalmente presentó a la trata como un subtema en programas más amplios sobre violencia basada en género y otros delitos. El gobierno atendió líneas directas y una aplicación para celulares donde el público podía denunciar delitos, incluida la trata de personas. El gobierno no informó cuántas llamadas recibidas estuvieron relacionadas con casos de trata. El MTSS informó que sus inspectores estaban capacitados para identificar indicadores de trata con fines de explotación laboral. Estos inspectores hicieron sus inspecciones de trabajo habituales, incluso en establecimientos conocidos por facilitar actos sexuales comerciales. Los inspectores de trabajo siguieron procedimientos institucionales específicos para identificar casos de trata durante las inspecciones, además de aplicar el protocolo interinstitucional de identificación y derivación. En 2023, el INAU contrató y desplegó tres nuevos inspectores para trabajar en temas de trabajo infantil, incluida la trata infantil con fines de explotación laboral. El gobierno no informó sobre su trabajo para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS
Tal como se ha informado en los últimos cinco años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior. Mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, adultos transgénero y varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Tratantes obligan a mujeres y personas LGBTQI+ uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España. Tratantes someten a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Muchas de estas víctimas llegan a Uruguay después de pasar por otros países, como Brasil, Chile, Ecuador, Guyana y Perú. Muchas víctimas de trata son mujeres sudamericanas afrodescendientes. Es posible que los inmigrantes en Uruguay sean vulnerables a la trata sin importar su situación migratoria. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay, son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Algunos observadores expresaron su preocupación por que exista trabajo forzado en los sectores de transporte de carga, transporte en general y peluquerías, así como trabajo forzado infantil en la cosecha de frutas. Es posible que ciudadanos cubanos que están trabajando en Uruguay estén siendo obligados a trabajar por el gobierno cubano.
Tratantes someten a inmigrantes a trata con fines de explotación sexual y laboral en ciudades cercanas a la frontera seca de Uruguay. Informes de la sociedad civil sugieren que las mujeres provenientes de Cuba son particularmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual en estas ciudades fronterizas. Es posible que los tratantes trasladen a las víctimas de una ciudad a otra para evitar ser detectados y prolongar la explotación. Es posible que la trata con fines de explotación sexual ocurra en espacios asociados con actos sexuales comerciales, como las “whiskerías” y los salones de masajes, o en residencias privadas. Los tratantes explotan a hombres, especialmente inmigrantes, en trata con fines de explotación laboral en los sectores de acuicultura y pesca. Trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera extranjera son sometidos a abusos que sugieren trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico, y hay denuncias informales de homicidios en altamar. Entre 2013 y 2021, hubo 59 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros con bandera de Taiwán, China y otros países extranjeros que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. De acuerdo con un estudio independiente, 16 de 33 buques pesqueros acusados de violaciones de los derechos humanos como el trabajo forzado en aguas sudamericanas entre 2010 y 2023 operaron en aguas uruguayas. Es posible que haya ciudadanos de otros países, incluidos la República Popular China y la República Dominicana, en tránsito en Uruguay de camino a Argentina y otros destinos, donde algunos son víctimas de trata. Existe una mayor vulnerabilidad a la trata en el interior del país, donde el trabajo de monitoreo y lucha contra la trata del gobierno tiene un alcance limitado. En particular, los trabajadores domésticos empleados en el interior del país tienen un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.
