Este viernes se conoció el resultado de la investigación que el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, había ordenado en relación al accionar de su antecesora, Irene Moreira. La resolución habla de adjudicaciones de viviendas que no fueron “en la forma correcta» y sostiene que hubo «falencias».

Si bien la adjudicación directa «no es ilegítima» y es «un instrumento válido que permite contar con viviendas disponibles para atender situaciones puntales», «ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados» por la exministra se enmarcaron dentro de la reserva de cupos previstos por la normativa, porque no se siguieron ni los procedimientos ni criterios previstos.

Según el informe, hubo funcionarios que “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la Secretaría de la ex Ministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable en la materia”.

El texto agrega que a juicio de Lozano hubo “falencias en cuanto a la prosecución de los procedimientos de evaluación y asesoramiento” y que el ministro cree pertinente “adoptar medidas tendientes a mejorar los mismos”.

Sobre las viviendas que generaron polémica, Lozano informó que de las 12 solicitudes que hubo entre 2020 y 2023, «hubo dos adjudicaciones con arrendamiento con opción a compra, pero uno quedó sin efectos por renuncia de la persona».

Además, hubo dos casos de adjudicación temporaria, por 12 meses prorrogables. De esos, tres quedaron sin efecto porque esas familias no vivían en esas viviendas, dijo y aseguró que solo dos quedaron adjudicadas y fue por violencia de género.