Juego online en Uruguay: presentan un nuevo proyecto para su regulación

El texto del senador Felipe Carballo plantea crear una Plataforma Estatal de Juego Online.

Uruguay.- A más de tres años de la media sanción al proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay, el debate quedó estancado en Diputados, sin embargo, una nueva iniciativa de parte del oficialismo podría reactivar la discusión.

El medio local El Observador reveló los detalles del proyecto de ley que presentó el senador Felipe Carballo presentado ante la bancada del Frente Amplio. El tema venía en agenda en conversaciones informales entre el espacio oficialista y otros integrantes del Poder Ejecutivo, comandado por el presidente Yamandú Orsi.

El texto, al que accedió El Observador, plantea crear una Plataforma Estatal de Juego Online, administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), que sería la encargada de explotar, regular y controlar los juegos de azar en internet. El proyecto plantea un “modelo mixto” en el que el Estado “explota directamente parte de la actividad” y al mismo tiempo regula la participación de operadores privados bajo un régimen “técnico, fiscal y sanitario”.

Por otra parte, de ser aprobada, la ley crearía la Agencia Nacional de Regulación del Juego Online como persona pública no estatal para concentrar competencias que hoy están dispersas en distintos organismos del Estado (Dirección General de Casinos, Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Ursec, etc.).

Las competencias de la agencia serían otorgar licencias para el juego en línea a operadores privados, fiscalizar las plataformas, algoritmos y transacciones, implementar el Registro Nacional Digital de Apostadores, regular la publicidad y las prácticas de marketing, coordinar acciones de salud pública y educación digital e imponer sanciones administrativas y revocar licencias.

El proyecto también contempla la creación del registro de apostadores en el que deberá estar inscrita toda persona que participe en apuestas online y tendrá “trazabilidad financiera y límites de gasto configurables”. El texto, además, establece como un delito la explotación con fines de lucro de juegos online sin autorización.

Asimismo, el texto prevé la implementación del Fondo Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, orientado a financiar programas de asistencia, investigación, educación y capacitación. El objetivo es fortalecer la red pública de salud mental y desarrollar campañas de concientización e información sobre la temática.

El medio uruguayo revela los motivos planteados por el senador Carballo en el proyecto: “Este cambio de paradigma ha colocado al Estado uruguayo en una posición de desventaja frente a un mercado globalizado, dificultando su capacidad de supervisión, tributación y control. La expansión de plataformas transnacionales, sumada al uso de criptomonedas y redes privadas virtuales (VPN), ha reducido la posibilidad de ejercer autoridad efectiva sobre un sector que, de quedar desregulado, puede generar daños significativos en términos económicos, sanitarios y sociales”.

Felipe Carballo.

Actualmente, la única empresa autorizada para operar apuestas deportivas en línea es Supermatch, que está bajo concesión de La Banca. “Si bien la DNLQ conserva formalmente un rol regulador, su principal herramienta de control consiste en bloquear sitios de apuestas internacionales no autorizados”, agrega.

Según el senador, esta situación generó “un monopolio de facto privado” donde el Estado no participa directamente de las ganancias generadas. Las modalidades explotadas por La Banca, una empresa privada, como la Quiniela, la Tómbola, el 5 de Oro o los juegos deportivos concentran la mayor parte del mercado mientras que la actividad estatal pura se limita, asegura, a la explotación de loterías cuyos fondos se destinan a salud, educación, deporte y seguridad social.

Inicialmente, el Frente Amplio, que ahora es oficialismo, había respaldado el proyecto que había enviado el gobierno anterior; sin embargo, luego cambió de posición en Diputados y no se pudo avanzar. El texto, que fue ingresado por el gobierno anterior a fin del 2021 y aprobado por el Senado en 2022, establece en su artículo 1 que el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá «prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares».

Asimismo, se indica que «el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro».

En el segundo artículo, el texto señala que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online «estará condicionada» a que estos cuenten «con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial» y que «se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión».

El proyecto, también establece: «Quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial».

En ese sentido, la norma agrega: «La explotación de juegos de casinos online sin la autorización correspondiente aparejará la revocación de toda autorización de explotación de juegos de casinos presenciales y online”. A su vez, se remarca que “la autorización del Poder Ejecutivo cesará automáticamente si el concesionario dejara de explotar el juego presencial».

Entre las modificaciones que se incorporaron a la versión inicial, aparece en el artículo 8, que la Dirección Nacional de Casinos deberá financiar un fondo para tratar la ludopatía con un 5 por ciento de sus ganancias brutas y con lo recaudado por concepto de multas.

Muchos sectores ligados a la industria como sindicatos y empresarios del juego coincidieron en la necesidad de regular el juego online, pero también criticaron ciertos aspectos del proyecto.