Por primera vez, la Justicia inicia un proceso contra los represores que participaron de los asesinatos del 20 de mayo de 1976.

El juez en lo penal de 31er turno, Fernando Islas, imputó a los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, en la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.

Entre los delitos imputados por Islas, se encuentra el de homicidio muy especialmente agravado, supresión de estado civil en la calidad de coautor, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves, privación de libertad, desaparición forzada y rapiña.

Silveira y Medina llegaron sobre las 9.00 al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Ambos, que fueron conducidos desde la cárcel Domingo Arena, ingresaron con sus custodios por una puerta lateral al juzgado para evitar la exposición a la prensa, y de allí fueron llevados a la sala de audiencia, donde se ubicaron junto a su abogado, Emilio Mikolic.

Al inicio de la audiencia, Medina miró varias veces al resto de los participantes de la audiencia ‒los familiares de las víctimas, sus abogados y la prensa‒, mientras que Silveira permaneció con la mirada al frente, donde se ubicaba el equipo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, integrada por el fiscal Ricardo Perciballe y las fiscales adscriptas Mariela Suárez y Natalia de Negri.

En el escritorio del juez Islas estaban las laptops que transmitían la participación telemática de los otros dos imputados, José Arab, acompañado de su abogada Estela Arab, y Ernesto Ramas, representado por Graciela Figueredo.

Entre las víctimas que participaron en la audiencia se encuentran Gabriela Schroeder, Magdalena y Facundo Gutiérrez, Rafael, Cecilia y Marcos Michelini, Benjamín Liberoff y Jacqueline Barrios.

Sobre las 14.30 se interrumpió nuevamente la audiencia debido a una “crisis nerviosa” protagonizada por el Pajarito Silveira, quien salió de la sala de audiencia acompañado por los policías que lo custodiaban, luego de negar los sistemáticos hurtos perpetrados por los integrantes de las Fuerzas Armadas en los operativos del Plan Cóndor.

Tras conocerse la decisión de Islas, luego de diez horas de audiencia, Rafael Michelini calificó el fallo como “un gran paso contra la impunidad” y destacó la investigación de Perciballe. “La verdad y la justicia se construyen con la independencia del Poder Judicial y las garantías del debido proceso”, dijo en diálogo con la diaria, y valoró el hecho de que en la audiencia de juicio los imputados vean a las víctimas y a sus familiares.

“Familiarmente convivimos con esto, hemos vivido con la causa taponeada a nivel político y con un montón de maniobras de inteligencia”. Mateo Gutiérrez
Mateo Gutiérrez, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, remarcó la cantidad de casos que están involucrados en la causa. “Es la primera vez que en Uruguay sucede algo con esa connotación”, señaló a la diaria.

“Familiarmente convivimos con esto, hemos vivido con la causa taponeada a nivel político y con un montón de maniobras de inteligencia desde el primer comunicado, que salió en el año 82, y cantidad de falsa información”, expresó, y recordó las “pasadas de cuenta” entre el policía Campos Hermida y José Nino Gavazzo.

Gutiérrez dijo que la base de la investigación que maneja la familia es la denuncia de Rodríguez Larreta cuando descubre a los represores uruguayos actuando en el centro de torturas Automotoras Orletti, el 9 de junio de 1976.

Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo y víctima de secuestro junto a sus hermanos, dijo a la diaria que fue “una emoción” la audiencia y subrayó la importancia de su denuncia, que inició la causa. “Marcó esa cosa diferente de denunciar mi secuestro para tratar de visibilizar lo que nos pasó a los niños, que no se aborda mucho y es una dimensión muy clara del terrorismo de Estado”, apuntó.

Por su parte, Benjamín, hijo de Manuel Liberoff, dijo a la diaria que se va con “la sensación de haber cumplido” con sus seres queridos y el sentimiento de que los imputados “tuvieron las garantías que ellos jamás les dieron” a sus familiares. “Eso también es importante para el país”, destacó.

“Lo más relevante es que se pudo llegar a una formalización en una causa tan emblemática […]” es “el principal magnicidio ocurrido en el Uruguay”. Ricardo Perciballe
Liberoff calificó el dictamen del fiscal Perciballe como “un prontuario ejemplar” de las violaciones a los derechos humanos en la región a través del “proyecto siniestro” del Plan Cóndor. Al ser consultado sobre los 46 años que transcurrieron para que la Justicia iniciara un proceso contra los autores materiales de la desaparición de su padre, respondió: “Es una vida, pero los 20 de mayo el pueblo uruguayo ha demostrado que seguían y siguen presentes”.

En diálogo con la diaria, el fiscal Perciballe, señaló que “lo más relevante es que se pudo llegar a una formalización en una causa tan emblemática” y recordó que es “el principal magnicidio ocurrido en el Uruguay”.

Consultado sobre el valor de haber imputado el delito de rapiña, Perciballe planteó que en la causa “es un tema central”. Partimos de la base de que es uno de los elementos que motivó la actuación. Aquí hubo una sustracción mediante violencia de los bienes y del dinero que tenían las organizaciones políticas y el desvalijamiento de todas las casas donde hicieron los operativos. Uno no puede pasar por alto eso”, expresó.

El inicio de la causa
La causa fue iniciada en noviembre de 2020 por Gabriela Schroeder, quien denunció su secuestro y el de sus hermanos luego del asesinato de su madre. El cuerpo de Barredo, que pertenecía a una organización escindida del MLN-T, fue encontrado junto a los de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Whitelaw en Buenos Aires, el 21 de mayo de 1976.

En mayo de 2021, familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz presentaron una denuncia ante Fiscalía para que investigara los asesinatos, en el marco del nuevo Código de Proceso Penal. Si bien por esta causa fueron condenados el exdictador civil Juan María Bordaberry y el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, la Justicia nunca había avanzado sobre los autores materiales del hecho.

En agosto de 2021, tras la declaración de Arab, Medina, Silveira y Gilberto Vázquez (hoy fallecido), el fiscal Perciballe pidió la formalización del proceso contra los cinco represores. Además, pidió la extradición de Manuel Cordero, quien cumple condena en Argentina por la causa Plan Cóndor, y de Pedro Mato, refugiado en Brasil al menos desde 2014.

En setiembre de 2021, la defensa de los militares presentó la excepción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, lo que suspendió la convocatoria a la audiencia de formalización que culminó este jueves con la imputación de los cuatro represores. Los abogados de los imputados apelaron la sentencia de formalización, por lo que la decisión de Islas será revisada por un tribunal de apelaciones.

Las imputaciones
La investigación penal determinó que los organismos responsables de los crímenes fueron el Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) en coordinación con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

José Arab fue imputado por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, Daniel Banfi, Guillermo Jabif, Luis Enrique Latrónica, Telba Juárez, Eduardo Efraín Chizzola, Hugo Gomensoro Josman, José Méndez Donadio, Francisco Candia; las desapariciones de Manuel Liberoff y Washington Barrios; las supresiones y suposiciones de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, y la privación de libertad de Gabriela Schroeder, María Victoria Barredo y Máximo Fernando Barredo, María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba, Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Alba Coitinho Mello y sus hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martínez Coitinho, María del Carmen Martínez Addiego, María del Rosario Villarino, Washington Pérez Rossini y Washington Pérez Carrozo, y por privación de libertad y abuso de detenidos contra Alberto Correa, Rivera Moreno, Nicasio Moreno, Emilia Carlevaro, Marina Lombardi, María Parola, Andrés Cultelli, Hugo Cores, Mario, Edén y Antonio Echenique San Pedro, Mario di Negri, Adriana Ferraro y Alejandro Nogueira, Ricardo Martínez Platero, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta.

Ricardo Medina fue imputado por la supresión y suposición de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni; las privaciones de libertad de María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba, Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Además, sobre Barboza y Peralta se le imputó un delito de lesiones graves y un delito de rapiña contra la familia Soba y la familia Mechoso.

Jorge Pajarito Silveira fue imputado por los homicidios de Telba Juárez y Eduardo Chizzola; los delitos de supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman, y los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves contra Carlos Rodríguez Coronel, Sara de León, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Mario Nino di Negri, Ricardo Gil, Élida Rita Vázquez, Luis Ferreira da Silva, Elisa Michelini Delle Piane, Jorge Vázquez e Ivonne Trías.

Ernesto Ramas fue imputado por los homicidios de Telba Juárez y Eduardo Chizzola; el delito de supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni, y abuso de autoridad contra Hugo Cores, Ricardo Gil, Élida Rita Vázquez y Luis Ferreira da Silva.

Fuente: La Diaria