La Cámara de Diputados votará la semana que viene —en comisión y en el plenario— un proyecto que establece el derecho a una reparación moral, social y económica para víctimas de la acción de grupos armados, antes y durante la dictadura.

El texto fue acordado por Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) y Carlos Testa (Cabildo Abierto). Consagra la reparación moral y patrimonial a las víctimas de «hechos ilícitos» que hayan sido perpetrados entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, a manos de integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos.

“Acordamos entre los partidos de la coalición un proyecto que se ha ampliado, se ha precisado. Hay cifras concretas, de 150.000 dólares por cada persona fallecida como víctima. Es una cifra que antes no estaba. Y la novedad es que hay una lista de unas 70 personas que había sido enviada ya por los gobiernos de Batlle y Vázquez. Son 70 casos que desde el vamos van a estar amparados”, dijo Goñi.

Las reparaciones saldrán de Rentas Generales. Si la persona sufrió una incapacidad permanente, la víctima o sus herederos podrán reclamar 100.000 dólares. Quienes hayan sido privados de su libertad por más de 72 horas, o sus herederos, podrán cobrar 50.000 dólares.

Se prevé que se cree una comisión que se encargará de tramitar las solicitudes de amparo. La diferencia de este proyecto con el anterior es que define quiénes serán sus integrantes: un delegado del MEC, un representante del Ministerio del Interior, otro del MEF y dos personas designadas por las organizaciones más representativas de las víctimas. Serán necesarios los votos de cuatro de los cinco integrantes para aprobar las solicitudes.

El Frente Amplio  no tiene una postura aún. Argumenta que el proyecto se presentó sin tiempo de considerarlo. No obstante, el diputado Mariano Tucci reconoció que el articulado mejora el proyecto inicial de Cabildo Abierto. «El Frente Amplio reunirá a su bancada el próximo martes», dijo el legislador.