Funcionarios y organizaciones de la sociedad civil exigen la destitución de la presidenta de la Inddhh.
CARMEN RODRÍGUEZ NÚÑEZ.
El Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos determinó que su presidenta, Carmen Rodríguez, cometió acoso laboral contra la funcionaria responsable del Área de Salud Mental y envió el caso al Parlamento para que adopte medidas
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) atraviesa una situación particularmente compleja que tiene en tensión a sus directores y sus funcionarios. El pasado jueves 13, luego de una investigación interna, el Consejo Directivo de la Inddhh resolvió que su actual presidenta, la abogada Carmen Rodríguez, incurrió en acoso laboral contra una funcionaria y envió el caso al Parlamento para que tome medidas.
La denuncia, presentada por la responsable del Área de Salud Mental, Mónica Giordano, se dio en el marco de un malestar generalizado de los funcionarios de la institución por las conductas de Rodríguez, que ahora piden que sea destituida de su cargo.
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos determinó que su presidenta cometió acoso laboral.
Ayer miércoles la Asociación de Funcionarios de la Inddhh se reunió en asamblea extraordinaria para analizar la situación. Al finalizar difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por el acoso laboral ejercido por Rodríguez y exhortaron al Parlamento a que active de forma inmediata el mecanismo de destitución previsto en la Ley 18.446, la norma que creó la institución. En el comunicado recordaron que la asociación ha denunciado “situaciones preocupantes que evidencian un patrón sistemático de conductas contrarias a los principios fundamentales de una institución de derechos humanos”.
Además, en una nota dirigida al consejo directivo de la institución, declararon persona “no grata”a la presidenta y pidieron su cese “inmediato”.
También ayer se reunieron representantes de 15 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la salud mental para tratar el tema. Varias organizaciones ya habían manifestado por carta al consejo directivo sus reparos sobre las conductas de Rodríguez hacia Giordano y su preocupación por la situación del Área de Salud Mental de la Inddhh.
Las organizaciones, que este miércoles fueron informadas sobre los detalles de lo sucedido por Giordano y su abogada, Soledad Suárez, definieron emitir un comunicado el viernes 21 para solicitar a los nuevos integrantes del Parlamento que traten el tema “con urgencia”, dijo a Búsqueda Hilde Hanz, integrante de la Asociación de Familiares de Personas con Padecimiento Mental. “Más allá de que esto afecta a una persona, también afecta la atención y el seguimiento de los derechos humanos de las personas con trastornos y sufrimiento mental”, señaló.
La ley prevé que un director de la Inddhh podrá ser destituido de su cargo por la Asamblea General por razones como “asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura”, “actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo” o “haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo”.
“Tratos humillantes” y “conductas violentas”
En una resolución firmada el jueves 13 por Wilder Tayler, Jimena Fernández y Bernardo Legnani, el Consejo Directivo de la Inddhh dio por concluido el procedimiento por acoso laboral que fue iniciado a mediados de 2024 tras la denuncia presentada contra Rodríguez por Giordano. La resolución indica que se puso en marcha el protocolo sobre acoso sexual y laboral y se formó una comisión investigadora, que en su informe final consideró probado que existieron conductas “activas y omisivas” de parte de la denunciada “que determinaron un ambiente hostil de trabajo y que afectaron el desempeño laboral de la denunciante”.
Los hechos denunciados por Giordano van desde la sobreexigencia de trabajo y falta de recursos humanos suficientes hasta tratos humillantes y conductas violentas —presenciadas por otros funcionarios que dieron testimonio y por miembros de la sociedad civil— y abusos de las potestades del cargo. Por ejemplo, la funcionaria denunció sufrir hostigamiento de parte de Rodríguez si la veía hablando con otros directores, recibir constantes órdenes y contraórdenes o ser ignorada durante semanas sin ninguna comunicación o devolución sobre las tareas, lo que además perjudicaba el funcionamiento del área.
Además del dictamen de la comisión, el consejo directivo solicitó el informe de un abogado externo —debido a que el asesor jurídico del consejo no pudo intervenir porque fue recusado por Rodríguez—. El informe del profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho estatal Álvaro Richino, fechado el 17 diciembre, concluyó que “los hechos descriptos por la comisión en su informe deben conducir, en términos lógicos, a concluir que los comportamientos asumidos por (Rodríguez) en su relacionamiento con la licenciada Giordano resultan constitutivos de acoso laboral”.
A la luz de ambos informes, señalan los directores, “corresponde concluir que se han configurado elementos constitutivos del acoso laboral”.
Rodríguez pidió que se declarara la nulidad de todo lo actuado porque, alegó, se la había dejado en una situación de indefensión. Este planteo fue desestimado por los directores.
La resolución está firmada por tres de los cincos integrantes del consejo directivo, ya que Rodríguez debió apartarse por ser la denunciada, mientras que el director Marcos Israel fue recusado por Giordano por expresiones que en su opinión configuraron prejuzgamiento.
Cabe destacar que el hecho de que la denunciada sea una de los cinco integrantes del Consejo Directivo de la Inddhh —que además en este momento ocupa la presidencia— complejizó el tratamiento del caso, porque generó el escenario incómodo y no previsto en la normativa de que el propio directorio deba actuar en una denuncia contra uno de sus miembros.
De hecho, según quedó registrado en el expediente del caso, el directorio llegó a tratar la denuncia con la participación de Rodríguez, que incluso intervino y votó en las primeras medidas de “protección” que se adoptaron, que consistían en apartar a Giordano de algunas tareas y designar a otro director para trabajar con ella. Esto provocó el reclamo de la denunciante y de la asociación de funcionarios por violación de la imparcialidad y por considerar que “la reducción de las actividades en las que podrá intervenir la víctima deja de manifiesto que más que una medida de protección se trata de una represalia por haber osado denunciar a su directora referente”.
Posteriormente, Rodríguez fue apartada de intervenir.
La Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada en 2008 como un órgano autónomo que funciona bajo la órbita del Poder Legislativo y se ocupa de controlar que los organismos del Estado no vulneren los derechos humanos de la población. Su directorio está compuesto por cinco miembros designados por la Asamblea General por cinco años, quienes deben ser “personas de alta autoridad moral”, “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”.
El nombre de Rodríguez fue propuesto por legisladores de la lista 71 del Partido Nacional. Rodríguez fue funcionaria del Ministerio de Trabajo y asesora del exsenador blanco Gustavo Penadés, hoy en prisión preventiva por la presunta comisión de delitos sexuales contra menores de edad
